Qué normas pueden tocar a tu entidad

Depende de tu régimen fiscal y de cómo facturas. El reglamento de sistemas informáticos de facturación, que se conoce como Verifactu, obliga a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que usan un programa informático de facturación. Enviar los registros a la AEAT es voluntario. Las entidades sin ánimo de lucro están parcialmente exentas, con el régimen de la Ley 49/2002 o sin él, y en ese caso la obligación les alcanza solo por las operaciones que generan rentas sujetas y no exentas. Si tienes operaciones de ese tipo y facturas con un programa, tu sistema tendrá que estar adaptado en la fecha que corresponda. Las fechas de Verifactu, con la norma.

Reglamento de Verifactu, arts. 3.1.a, 15 y disposición final 4.ª. Ley 27/2014, art. 9.2 y 9.3.a. Nota informativa de Hacienda, 5 de octubre de 2026.

La regla es la misma que para las asociaciones. Una fundación privada no figura entre las entidades totalmente exentas del artículo 9.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y varios organismos e instituciones públicas. Tu fundación está parcialmente exenta, con el régimen de la Ley 49/2002 o sin él, y Verifactu le alcanza por las rentas sujetas y no exentas. Qué ingresos son rentas no exentas lo confirma tu asesor fiscal.

Ley 27/2014, art. 9.1, 9.2 y 9.3.a. Reglamento de Verifactu, art. 3.1.a.

Verifactu no distingue entre ONG, fundación o asociación. Cuenta tu régimen en el Impuesto sobre Sociedades y si facturas con un programa informático. Si te alcanza, el programa tiene que generar un registro de facturación por cada factura emitida y otro cuando una factura se ha emitido por error, y añadir una huella a cada registro y, salvo en los sistemas que envían los registros a la AEAT (VERI*FACTU), una firma electrónica.

Reglamento de Verifactu, arts. 3.1, 9, 11, 12 y 16.3.

Depende de cómo se financia y para qué sirve. El Real Decreto 1112/2018 se aplica al sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones. A las demás entidades les llega por su disposición adicional primera: las Administraciones tienen que exigir los criterios de accesibilidad a las webs y apps que reciben financiación pública para su diseño o mantenimiento, a las ligadas a servicios públicos que se gestionan por concesión o por contrato y a las de los centros privados educativos, de formación y universitarios sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos. Mira la convocatoria o el contrato que te financia, porque es donde la Administración te lo exige.

RD 1112/2018, art. 2 y disposición adicional 1.ª.

Con 50 o más trabajadores contratados, sí. El artículo 10.1.a de la Ley 2/2023 obliga a tener sistema interno de información a las personas físicas o jurídicas del sector privado de ese tamaño. Con menos trabajadores es voluntario (art. 10.2), salvo en dos supuestos. El del artículo 10.1.b cubre a las personas jurídicas del sector privado que entran en el ámbito de los actos de la Unión Europea sobre servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente que recoge la Directiva (UE) 2019/1937, con independencia del número de trabajadores. El del artículo 10.1.c cubre a los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Las fundaciones y asociaciones figuran como sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo, en los términos de su artículo 39. Si crees que tu entidad está en alguno de los dos supuestos, confírmalo con tu asesor jurídico. Si tu entidad es del sector público, la obligación te llega por el artículo 13, que cubre a todas las entidades del sector público. Incluye a las fundaciones del sector público, que cumplen alguno de los requisitos del artículo 13.1.f (aportación mayoritaria pública, más de la mitad del patrimonio aportado por el sector público o mayoría de votos públicos en el patronato), y a las asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos (art. 13.1.b).

Ley 2/2023, art. 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.2, 13.1.b y 13.1.f. Ley 10/2010, art. 2.1.x y 39.

La Ley 19/2013 obliga a publicar información (publicidad activa) a las entidades privadas que reciben más de 100.000 euros de ayudas o subvenciones públicas en un año, o cuando al menos el 40 % de sus ingresos anuales son ayudas públicas, con un mínimo de 5.000 euros. La información va en sedes electrónicas o páginas web. Si no tienes ánimo de lucro, persigues exclusivamente fines de interés social o cultural y tu presupuesto es inferior a 50.000 euros, puedes cumplir con los medios electrónicos de la Administración que más te financia. La normativa autonómica puede pedir más.

Ley 19/2013, arts. 3.b, 5.2 y 5.4.

No para todas. El Esquema Nacional de Seguridad se aplica a los sistemas de información de las entidades privadas cuando, por una relación contractual, prestan servicios o proveen soluciones a entidades del sector público para el ejercicio de sus competencias y potestades administrativas. En ese caso hace falta política de seguridad, aprobada por el órgano de máximas competencias ejecutivas, y los pliegos de los contratos tienen que contemplar los requisitos de conformidad, como la declaración o la certificación. La cautela se extiende a tu cadena de suministro según el análisis de riesgos.

RD 311/2022, art. 2.3.

Si el importe del gasto subvencionable supera las cuantías del contrato menor, sí: como mínimo tres ofertas de proveedores distintos antes de comprometerte, salvo que no haya suficientes proveedores en el mercado o que el gasto ya estuviera hecho antes de la subvención. La Ley de Subvenciones remite a las cuantías de la Ley 30/2007, hoy derogada. La Ley 9/2017 considera contratos menores los de servicios y suministros de valor estimado inferior a 15.000 euros, y calcula ese valor sin IVA. La Ley de Subvenciones no dice con qué cifra se compara el gasto subvencionable ni si es con o sin IVA. Si tu gasto con IVA incluido es inferior a 15.000 euros, estás por debajo en cualquier lectura. Confirma la cuantía y el IVA en las bases de tu convocatoria o con tu asesor. La Ley 9/2017 prohíbe a las entidades del sector público partir un contrato para eludir sus requisitos (art. 99.2). Para ti es una buena práctica y tu convocatoria puede exigirlo.

Ley 38/2003, art. 31.3 y 31.8. Ley 9/2017, arts. 99.2, 101.1.a y 118.1.